El «Escudo Legal» que transforma organizaciones en motores de desarrollo
Por: Miriam Quesada Chavarría
periodicoenlacecr@gmail.com
En un paso histórico para el desarrollo local, Costa Rica cuenta finalmente con la Ley 10859: Ley para Organizaciones Socioproductivas de la Economía Social Solidaria (ESS). Esta normativa, aprobada recientemente, marca un antes y un después para cientos de grupos organizados en nuestra Región Brunca que, hasta hoy, operaban en una «zona gris» administrativa.
¿Qué cambia con esta ley?
Históricamente, muchas organizaciones y asociaciones de productores han tenido dificultades para gestionar proyectos de gran envergadura por no encajar en los moldes de las Sociedades Anónimas o las grandes cooperativas. La Ley 10859 subsana esta deuda al crear la figura formal de Organización Socioproductiva (OSP).
Esta nueva categoría permite obtener una cédula jurídica simplificada, otorgando a los grupos locales el poder de:
- Contratar con el Estado: Municipalidades y ministerios ahora tienen el respaldo legal para dar prioridad a las OSP en licitaciones de mantenimiento o servicios.
- Acceso real a crédito: Se integran como beneficiarias directas del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) con tasas preferenciales.
De la «Informalidad Voluntaria» a la «Formalidad Protegida»
Uno de los mayores temores de los grupos comunales ha sido siempre la carga burocrática y social. Sin embargo, la Ley 10859 está diseñada para que la burocracia no mate a la organización:
- Régimen Tributario Diferenciado: Hacienda facilitará un esquema contable sencillo. El objetivo no es el lucro personal, sino que el dinero se reinvierta en la comunidad, lo que les permite optar por exoneraciones del Impuesto sobre la Renta.
- Seguridad Social Flexible: La ley faculta a la CCSS para crear convenios de aseguramiento colectivo ajustados a la realidad de la economía social, permitiendo asegurar a los miembros por jornada o proyecto efectivo, evitando cuotas fijas asfixiantes cuando no hay contratos activos.
¿Cómo se aplica en nuestra región?
Imaginemos un comité de caminos en la Zona Sur. Bajo esta ley, el comité podría transformarse en OSP y venderle a la Municipalidad el servicio de mantenimiento de cunetas o limpieza de vías. Los ingresos recibidos se usarían para pagar a los mismos vecinos que trabajaron y para comprar materiales para el asfalto de su propia calle. Es el círculo perfecto de la economía circular.
El reto: De la ley a la acción
Aunque la ley ya es una realidad, el próximo paso es la educación. Desde Enlace, seguiremos de cerca la reglamentación para informar a nuestros líderes comunales sobre los pasos exactos para certificar sus organizaciones.
No se trata solo de una ayuda asistencialista; se trata de reconocer que la comunidad organizada es un socio productivo capaz de generar empleo y bienestar. Es hora de que las comunidades de la Región Brunca dejen de solo «pedir» y empiecen a «gestionar» su propio destino con este nuevo escudo legal.Nota de la Redacción: Si usted pertenece a un comité o asociación y desea conocer cómo la Ley 10859 afecta sus estatutos, puede consultar los detalles en la Dirección de Economía Social del Ministerio de Trabajo.
