Por Miriam Quesada Chavarría
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Costa Rica ha sido un país abierto a la llegada de extranjeros que, con su talento y visión empresarial, han enriquecido la vida nacional. Muchos se integran con respeto, generan empleo y fortalecen la economía local. Sin embargo, también existen dinámicas que generan preocupación en comunidades rurales y turísticas, donde el poder económico y la falta de regulación se convierten en obstáculos para el desarrollo comunal.
En el Cantón de Buenos Aires, distrito de Biolley, comunidad de Colorado, se observa un caso que ilustra esta tensión. Un extranjero adquirió una finca de gran extensión en las cercanías del Parque Nacional La Amistad. Según imágenes disponibles en plataformas digitales, en la propiedad se han levantado invernaderos y varias construcciones. El acceso, como en cualquier otra finca, depende de un camino público terciario, hoy en estado de abandono por parte de la Municipalidad de Buenos Aires.
Ese abandono ha generado un problema mayor: el camino, que debería garantizar el libre tránsito de los vecinos, se ha visto alterado por la construcción de un puente privado sobre una quebrada. Aunque la obra responde a una necesidad de paso, el puente fue cerrado con candados, impidiendo el acceso a otras propiedades. Los vecinos señalan que esta acción contradice lo establecido en la Ley General de Caminos Públicos de Costa Rica (Ley N.º 5060, Artículo 2), que prohíbe expresamente la restricción del tránsito en vías públicas.
Las consecuencias son graves para quienes dependen de ese camino: pequeños productores de café, ganaderos y familias que buscan aprovechar la belleza del Río Colorado para el descanso y la observación de la naturaleza. El cierre del paso limita su desarrollo, encarece la movilidad y debilita la identidad comunal. La molestia aumenta porque, pese a las denuncias, las autoridades locales han hecho caso omiso, dejando a los habitantes en una situación de vulnerabilidad. Pese a que la señora Teresita Mayorga Anchía, síndica de Biolley, conoce del tema y ha recibido fotografías del camino enviadas por el señor Julio Ávila Tenorio, propietario de dos parcelas afectadas, la situación permanece, sin respuesta institucional.
La comunidad percibe que el poder económico de algunos extranjeros, sumado a la indiferencia institucional, convierte a los vecinos en actores secundarios dentro de su propio territorio. El riesgo es claro: que un distrito próspero y turístico pierda su esencia, no por falta de recursos, sino por la falta de respeto hacia las tradiciones y derechos colectivos.
Llamado a las autoridades
