Prensa UNED/ Redacción Enlace
Costa Rica atraviesa la década más violenta de su historia, donde el uso de armas de fuego está presente en más del 77% de los homicidios registrados entre 2014 y 2024. Según el informe de la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNDEPAM) y las advertencias de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la creciente complejidad del mercado negro de armas demanda una revisión urgente del marco legal y de seguridad pública.
Fuentes de abastecimiento ilegal La académica de la UNED, Karen Jiménez Morales, señala que el mercado negro se nutre de un sistema interconectado que incluye:
- Robos: Sustracción a portadores civiles y oficiales de seguridad privada.
- Negociación de armas legales: Vacíos normativos permiten que portadores civiles alquilen o vendan sus armas sin consecuencias judiciales severas, más allá de multas por «extravío».
- Tráfico internacional: Ingreso de armas vía marítima, aérea y terrestre, a menudo vinculadas al narcotráfico.
- Piezas modulares y tecnología: Ensamblaje interno de componentes importados por separado y uso de impresoras 3D para fabricar armas artesanales funcionales.
- Municiones: La falta de límites en la compra legal de municiones facilita un abastecimiento sostenido para estructuras criminales.
Impacto y riesgos para la población La letalidad ha aumentado drásticamente debido a la modificación de armas para disparar en ráfaga. El uso de estos dispositivos por personas sin capacitación profesional en espacios públicos ha incrementado el número de víctimas colaterales, poniendo en riesgo a ciudadanos en perímetros de hasta un kilómetro. Además, este fenómeno representa un desafío directo para las fuerzas policiales, quienes enfrentan un armamento cada vez más sofisticado.
Hacia una solución integral La especialista enfatiza que no se trata de impulsar medidas puramente prohibicionistas, sino de fortalecer el control mediante:
- Revisión del marco legal: Cerrar los vacíos que permiten que armas inscritas legalmente terminen en manos del crimen organizado.
- Política pública basada en evidencia: Coordinación interinstitucional para fiscalizar tanto el armamento como el flujo de municiones.
- Cooperación regional: Integración a mecanismos internacionales, como la «Hoja de Ruta de Centroamérica y República Dominicana» (OEA), para prevenir la proliferación ilícita mediante el trabajo conjunto entre países.
Para la UNED, la capacidad del crimen organizado para acceder a este arsenal exige que el tráfico y la proliferación de armas sean tratados como un problema de seguridad nacional prioritario.
Fuente: Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) e Informe 2025 de la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNDEPAM).
