Por: Miriam Quesada Chavarría
La justicia, como pilar fundamental de nuestra democracia, se enfrenta hoy a una tensión invisible pero dolorosa: el conflicto entre el debido proceso y la realidad de una violencia que se ha trasladado al ámbito digital. ¿Es el sistema legal capaz de proteger a los ciudadanos frente a la ciberdelincuencia, o se ha convertido en un laberinto donde la forma prevalece sobre la seguridad de las personas?
Recientemente, un caso de amenazas contra una madre y sus hijos menores de edad ha puesto en evidencia una brecha preocupante. Tras meses de vivir bajo el acoso y el miedo, la víctima presentó como prueba audios amenazantes. Sin embargo, la respuesta del sistema judicial fue un golpe de realidad: al no poder vincular técnicamente el número telefónico de origen con la persona denunciada, la prueba careció de validez legal.
La trampa de la formalidad
Este escenario no es un hecho aislado. Se trata de una manifestación de la «desigualdad de armas». Por un lado, el sistema exige un rigor probatorio diseñado para escenarios analógicos, donde la presunción de inocencia y la protección contra acusaciones falsas son la prioridad. Por otro lado, la víctima promedio, sin recursos para peritajes tecnológicos sofisticados, se encuentra ante un muro de tecnicismos que parecen favorecer al victimario.
El resultado es un sentimiento compartido en muchas comunidades: la percepción de que las leyes, en su afán de garantizar el derecho al debido proceso, terminan protegiendo a quienes actúan fuera de la ley, dejando a los ciudadanos decentes en un estado de vulnerabilidad absoluta.
El peligro del «vaciado» de la justicia
Esta inoperancia del sistema tiene un costo social silencioso y devastador. Cuando los ciudadanos decentes sienten que la ley no solo es lenta, sino que termina protegiendo a quienes les hacen daño, la frustración escala hasta niveles peligrosos. No es extraño ver cómo, tras años de demandas estériles, el conflicto degenera en actos de violencia donde la víctima, harta de la humillación, pierde la razón y reacciona de forma impulsiva, terminando ella tras las rejas mientras el agresor original queda libre. Es una inversión de roles cruel: el sistema termina criminalizando al ofendido, quien muchas veces debe cargar con incapacidades y deudas legales, mientras observa con impotencia cómo la burla del victimario queda impune bajo el amparo de tecnicismos legales.
El debate sobre la eficacia del Estado
La discusión ha trascendido fronteras, resonando en las voces de diversos líderes de la región. Existe una creciente demanda ciudadana por una justicia más humana y menos burocrática; una que entienda que la amenaza contra la integridad física —especialmente cuando involucra a menores— no puede depender exclusivamente de si un mensaje proviene de un número verificado o de una cuenta temporal.
La pregunta que surge es urgente: ¿Estamos preparados para modernizar nuestros procesos judiciales sin sacrificar las garantías fundamentales? La celeridad debe ser, ante todo, un mecanismo de protección de la vida.
Hacia una justicia con rostro humano
Para que la justicia no se convierta en una palabra vacía, se requiere una reforma que acorte la distancia entre la ley escrita y el dolor ciudadano. Es necesario que las instancias de investigación cuenten con mayores facultades para validar pruebas digitales de manera expedita y que, ante amenazas de violencia física o acoso, se apliquen medidas cautelares preventivas de forma automática, sin esperar a que la tecnología resuelva lo que el sentido común ya identifica como un peligro real.
Mientras el sistema judicial no cierre esta brecha, el contrato social continuará erósionandose. La seguridad de un ciudadano no debe ser un lujo dependiente de la pericia técnica, sino un derecho básico garantizado por el Estado. En nuestra Región Brunca, y en todo el país, las comunidades siguen esperando respuestas. La justicia no solo debe ser justa; también debe ser, por encima de todo, protectora.
